El español jurídico no es una traducción.

Hay una trampa en la IA legal «multiidioma»: hablar español no es lo mismo que entender derecho mexicano. Un sistema puede redactar prosa jurídica impecable y aun así razonar como abogado de Delaware: buscar precedente vinculante donde lo que rige es la ley, o citar «case law» donde lo que existe es jurisprudencia por reiteración y contradicción de criterios.

Las diferencias no son cosméticas. La estructura de fuentes es otra: Constitución, tratados, leyes federales y generales, códigos estatales, reglamentos, NOMs, y una jerarquía de criterios (jurisprudencia obligatoria, tesis aisladas) con reglas propias de vigencia y aplicabilidad. Un sistema que no modela esa estructura no puede decir qué criterio aplica, por más fluido que escriba.

Está también la práctica: los plazos se cuentan distinto, los formalismos importan, y el documento que en un sistema es un memo interno en otro es una promoción con requisitos de forma. El contexto local no es un acento: es el sistema operativo.

Por eso construimos Precedent desde el derecho mexicano hacia afuera, y no desde un producto de common law hacia adentro. El español fue lo de menos; lo difícil, y lo valioso, es el resto.